La polémica por los derechos de autor

El 'impuesto a las bibliotecas' desata la protesta. Escritores, intelectuales y artistas se movilizan contra el canon que impone la UE al préstamo de libros.
MARIBEL MARÍN - Madrid - 18/03/2007

José Luis Sampedro, Andreu Buenafuente, Luis Eduardo Aute y otros rostros conocidos del mundo de la cultura han decidido batallar contra la imposición del canon por préstamo bibliotecario, aunque éste no beneficie precisamente su cuenta corriente. No entienden que Europa obligue a gravar la lectura de libros, la escucha de discos o el visionado de películas en estos centros por mucho que sea en concepto de derechos de autor.

"Nos negamos a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura", argumentan. Por eso han dado su apoyo a la plataforma contra el préstamo de pago que se moviliza contra una medida inevitable. España está obligada a imponer un canon estimado en 1.600.000 euros anuales, y cuanto antes. Si no, el Tribunal Europeo -que le condenó en octubre de 2006 a 300.000 euros diarios de multa por incumplimiento de directiva- podría ejecutar su sentencia. Así las cosas, los partidos negocian in extremis la forma de incluirlo en la futura Ley del Libro, que se debatirá el próximo miércoles en la comisión de Cultura del Congreso y que podría estar aprobada en junio.

Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas españolas prestaron el año pasado 44 millones de obras, en su mayoría (30 millones), libros. Y los autores nacionales, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la UE (como Francia, Reino Unido, Dinamarca y Letonia) no vieron un euro por el derecho derivado de lectura. "España transpuso en 1994 la directiva [de 1992]", explica Concepción Becerra, secretaria técnica del Ministerio de Cultura. "Pero excluyó a tantas bibliotecas que Europa la declaró mal aplicada e inició un procedimiento sancionador", que ha acabado en condena.

Todavía no se ha resuelto su aplicación. Pero si quedara plasmada la enmienda del grupo socialista, cada creador o editor (en el caso de creaciones colectivas, como enciclopedias) recibiría 20 céntimos a través de su entidad de gestión por cada ejemplar comprado con destino a una biblioteca. Quedarían exentas las salas de municipios de menos de 5.000 habitantes y las del ámbito educativo. Todo esto, hasta que se apruebe el decreto que debe fijar la cuantía de la remuneración y los mecanismos para hacerla efectiva. El PP exige que se le ponga fecha a ese desarrollo normativo.

En cualquier caso, es un dinero que no saldrá ni del bolsillo de los usuarios ni de los presupuestos de las bibliotecas. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, no se ha cansado de repetirlo y Becerra lo hace de nuevo. "Los que van a estar obligados al pago van a ser los titulares de esos establecimientos", explica, en la línea de lo estipulado en la enmienda socialista: "El Estado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales podrán acordar los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración".

Este modelo de aplicación del canon por obra comprada es el que practica Francia. No así otros países europeos, que gravan los préstamos. "En CEDRO [Centro Español de
Derechos Reprográficos] pensamos que este último sistema sería el más lógico", afirma su vicepresidente primero, Juan Mollá. Para los autores y editores, resultaría, además, más rentable: cinco millones de euros frente a los 1,6 manejados por Cultura. "No es una cuestión de dinero", dice Mollá. En esto coincide con el secretario general de la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya, José Luis Giménez Frontín: "Es calderilla. Se trata de una cuestión de principios, de respeto al derecho de propiedad intelectual".

La plataforma contra el canon, promovida por un grupo de bibliotecarios, profesores y creadores, cree que ya se les reconocen suficientemente sus derechos de autor. Y que se los pagan cada vez que se compra un libro. Se oponen porque supone un doble obstáculo: para las bibliotecas, a las que "les está costando mucho trabajo remontar un retraso de 40 años de dictadura"; y, también, para el fomento de la lectura en un país en el que los índices son bajos y en el que además no se llega a la ratio deseable de tres libros por habitante en los centros de préstamos (se queda en uno).

Blanca Calvo, consejera de Cultura de Castilla-La Mancha e impulsora de este movimiento contestatario cuando era directora de la Biblioteca de Guadalajara, cree que existen muchos intereses de por medio. "La directiva es de la Dirección General del Comercio Interior, que piensa que prestar libros reduce las compras. Y eso es mentira". Desde CEDRO, la responden: "El pago por préstamo no tiene como finalidad resarcir a los autores por posibles ventas de sus obras que se dejen de realizar, sino remunerarles por un determinado uso de ellas". Además, añaden: "Es indudable el papel cultural que desempeñan las bibliotecas y los beneficios que su trabajo reportan a los autores (...) Pero eso no debe eximirlas de cumplir otras obligaciones derivadas de la propiedad intelectual".

Calvo es consciente de que las autoridades españolas están atadas de pies y manos. Por eso propugna desde su consejería que si no queda otro remedio se pague el canon, pero a través de una oficina pública, no de las entidades de gestión. Su objetivo sigue siendo, en todo caso, que se pida una moratoria y que se renegocie la directiva apelando a la excepcionalidad cultural de un país muy alejado todavía de los parámetros saludables de lectura.

Es lo que trata de hacer también la Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) a través de su cabecera europea EBLIDA. "La realidad es que no todos los países de la UE han tenido la misma evolución. Y al final el canon se planteó en su momento para proteger la cultura, para que el autor recibiera una ayuda", afirma Miguel Ángel Esteban, su presidente. "Y en España no hay canon, pero sí ayudas muy elevadas a la edición que no existen en otros países".

La oposición al canon que ejercen FESABID y la plataforma No al préstamo de pago ha tomado dos caminos distintos. Ante la sentencia condenatoria, el primero ha optado por colaborar con el ministerio sin renunciar a su objetivo de lograr la exención de pago por préstamo público. La plataforma ha decidido intensificar sus movilizaciones: manifiestos, recogidas de firmas y reparto de postales para que los usuarios de bibliotecas envíen a los grupos parlamentarios.

El canon es inevitable (además de en España) en Bélgica, Italia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda, países también condenados por obstaculizar la armonización europea. El debate sigue en la calle.


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